La tónica general de esta entrevista es la del desaliento ante la pérdida de conquistas para el sector de la discapacidad. Sin embargo, Mario García se muestra luchador y reivindicativo, sin dejar de trabajar y apelando a la iniciativa y la imaginación para recuperar "lo que la austeridad nos arrebata poco a poco". Entre las cuestiones que considera urgentes, destaca la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal, que se modificó recientemente, pero de manera insuficiente.

 

Tras años de experiencia al frente de entidades de la discapacidad, y del propio CERMI como presidente, ¿cómo valora la situación actual de la discapacidad en nuestro país?

 

Ha cambiado mucho en los últimos cuatro años. Hemos pasado de ser un colectivo que lograba importantes, y justos, avances para el ejercicio de sus derechos a un sector objeto de múltiples recortes en los aspectos más básicos y ninguneado, en ocasiones, con la excusa de que los recortes y austeridad son para todos, cuando lo cierto es que antes de la crisis nos faltaba un abismo para igualarnos al resto de la población y ahora todavía más. A pesar de todo ello y de las dificultades que hemos encontrado, nuestra forma de trabajar seguirá siendo la de negociar con las diferentes administraciones porque ese es el camino.

 

¿Y de las entidades de la discapacidad? ¿Qué papel les toca jugar en este momento de crisis?

 

Las entidades hemos tenido que ajustar enormemente nuestros proyectos y servicios por la reducción de subvenciones, retrasos muy pronunciados en los pagos de las que ya estaban concedidas y la disminución generalizada de los financiadores privados. Es surrealista pero las ONG hemos financiado a las administraciones autonómicas y locales prestando servicios a nuestro colectivo que esas instituciones deberían prestar o en su defecto pagar pero no hacían ni una cosa ni la otra. Esto ha obligado a las organizaciones a endeudarse para poder seguir en funcionamiento, nos ha debilitado enormemente y algunas asociaciones no han podido aguantar y han tenido que cerrar. El papel que nos ha tocado jugar es el de procurar que a nuestro colectivo le afecte de la menor manera posible una crisis que no ha provocado y reivindicar con fuerza todo aquello que supone un retroceso, desde la convicción de que es algo que  nadie tiene derecho a quitarnos, sobre todo aquello que afecta a aspectos tan básicos como son la salud o la educación.

 

COCEMFE cuenta con más 1.600 asociaciones, es la mayor de todas las entidades de discapacidad, ¿cómo está resistiendo la crisis y qué debe hacer para luchar por un futuro mejor?

 

COCEMFE ha tenido que adaptarse a esta situación, como no podía ser de otra manera, ajustando sus proyectos y servicios a la las posibilidades de financiación y poniendo en marcha iniciativas en beneficio de las entidades y de las personas a las que representan. Es difícil trabajar con una reducción generalizada de apoyos, pero lo estamos haciendo con imaginación e iniciativa, seguros de que es lo conveniente en estos tiempos, y luchando con ahínco y haciendo todo lo que está en nuestra mano por mantener los derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica. Lo que está claro es que no se puede continuar con estas políticas que perjudican a quienes más necesitan del apoyo de los organismos públicos, que no es que se esté haciendo un uso eficiente de los fondos sino recortando partidas que deberían ser intocables. Esta tendencia solo nos lleva a más precariedad, a una mayor necesidad de hacer uso de los servicios sociales y sanitarios, y por tanto a un mayor gasto para la Administración y peor salud para nosotros. 

 

Asegura usted en una entrevista reciente que está costando mucho trabajo concienciar a las diferentes administraciones de que sigan apostando por las personas con discapacidad, ¿ha empeorado el diálogo con las autoridades?, ¿costará mucho recuperarlo? 

 

Efectivamente, estamos sufriendo múltiples recortes y lo más triste es que, en muchas ocasiones, al otro lado de la mesa no hay nadie con quien negociar. Lo único que nos encontramos es la frase “no hay dinero”. Yo les diría a las administraciones que reflexionen porque está demostrado que aquello que no hagan de la mano de las ONG no lo va a hacer nadie.

 

 

A pesar de que el dialogo ha empeorado y que en ocasiones ni ha existido, estoy convencido de que sabremos ponernos de acuerdo para revertir aquellas medidas que han recortado nuestros derechos con la bandera de la austeridad aplicada por norma general. Se ha demostrado que antes de que llegara la crisis y la recesión profunda de nuestra economía ha habido excesos y gente viviendo por encima de sus posibilidades, pero no ha sido nuestro caso ni mucho menos. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es reconquistar esos derechos que tanto nos ha costado alcanzar y, después, seguir avanzando en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, porque es evidente que el trabajo en este sentido es todavía inmenso. Es absolutamente necesario volver a alcanzar los niveles de bienestar social y equidad que tanto nos ha costado conseguir y que la austeridad nos está arrebatando poco a poco.

 

El problema actual, cargados de normativas como estamos, es su cumplimiento ¿qué se puede hacer ante eso?

 

Es cierto que tenemos muchas leyes, muchas de ellas son pioneras en la protección de nuestros derechos y envidiables fuera de nuestras fronteras. El problema es que no se han desarrollado unos mecanismos eficaces que garanticen su cumplimiento, muchas veces tenemos que poner denuncias y soportar largos procesos judiciales para cuestiones reguladas por ley. Tenemos que luchar para que se cumplan nuestras leyes cuando no debería ser así. La solución es unificar la legislación para facilitar su conocimiento, que es lo que se prevé hacer con la Ley General de Discapacidad, y por otro, establecer un sistema de infracciones y sanciones que verdaderamente desincentive el incumplimiento de la legislación vigente.

 

¿Cuáles son, a pesar de los avances normativos, las cuentas pendientes con la discapacidad?

 

Recuperar el camino de la conquista de nuestros derechos que hemos perdido en los últimos años, lo hemos tenido que sustituir por el de conservarlos, cuando lo cierto es que queda mucho por hacer para que nuestro colectivo cuente con las mismas oportunidades que el resto de la población y con una mínima autonomía y calidad de vida digna. 

 

¿Qué queda por hacer en empleo? ¿Educación? ¿Acceso universal? ¿Servicios sanitarios y sociales?

 

En materia de empleo tenemos que acabar con la enorme diferencia en la tasa de actividad de nuestro colectivo, facilitando su incorporación al mercado laboral con mayores apoyos tanto a empleadores como al propio colectivo, que en ocasiones ve peligrar su pensión de discapacidad por incompatibilidad con ingresos procedentes de un empleo. También atajar la pobreza de nuestro sector, que recibe unos ingresos un 23% más bajos.

En este sentido, hacen falta unas políticas de firme apoyo a la formación de las personas con discapacidad física y orgánica, asegurando una verdadera igualdad de oportunidades en todas las etapas educativas, luchando contra las múltiples discriminaciones que aún hoy se siguen presentando a la hora de estudiar. Aunque parezca mentira, encontramos instituciones educativas poniendo trabas a la normalización de nuestro colectivo y esto se tiene que acabar.

 

En materia de accesibilidad, el avance en nuestro país ha sido muy destacado pero todavía existen múltiples barreras, se sigue incumpliendo la normativa en esta materia y muchas comunidades autónomas la tienen desactualizada. Entre los aspectos más urgentes se encuentra la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que aunque se modificó recientemente es claramente insuficiente. Necesitamos que las obras para hacer accesibles las zonas comunes para permitir a nuestro colectivo llegar hasta su casa se realicen sin límites presupuestarios y en la mayor brevedad posible.

 

Y en general, en los servicios sanitarios y sociales, en lo referente a la autonomía personal, dependencia y educación, hay que revertir las duras medidas de austeridad aplicadas de forma generalizada en todo el país y que agudizan la situación de precariedad económica que viven numerosas personas con discapacidad física y orgánica.

 

En este Nº 100 del boletín del CERMI, ¿qué mensaje le gustaría enviar a los lectores? 

 

Primero felicitar a los grandes profesionales que se encargan de que cada semana tengamos este boletín, lleno siempre de información interesante, apropiada y actual y sobre nuestro sector.

 

Hoy más que nunca tenemos que estar unidos y reivindicar en primera persona lo que es nuestro, así que animo a los lectores a formar parte de una entidad tan importante como es el CERMI a través de las diferentes organizaciones que lo integran.